EL Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde definitiva a la aprobación de la ley de la selva tras admitir una serie de enmiendas propuestas por el Senado que refieren principalmente a la aplicación efectiva del “sálvese quien pueda” y “maricón el último”. Según el portavoz del Congreso, José Bono, “la ley de la selva ofrece a los ciudadanos la única herramienta sensata y efectiva en el marco de recesión en el que se encuentra nuestro país”. El espíritu de esta ley toma como referencia iniciativas que ya se están aplicando desde hace tiempo, con notable éxito, en otras regiones como Medellín (Colombia), la isla de Lubago (Angola) o San José de Uchupiamonas (Bolivia). El Gobierno considera que la aprobación de la ley de la selva permitirá que los ciudadanos “se busquen la vida y se saquen sus propias castañas del fuego pasando por encima del cadáver de quien sea pero siempre desde la legitimidad democrática”, en palabras de Bono.
La decisión del Congreso regula al fin una práctica que ya se ejecutaba, aunque de manera más o menos encubierta, en el ámbito empresarial. “Hace años que vamos a lo que vamos y que no estamos por hostias digan lo que digan. Ya era hora de que por fin esto fuera legal” reconoce Isidre Fainé, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Los principales escollos que impedían hasta el momento que la ley de la selva fuera una realidad tenían que ver con su incompatibilidad con otras leyes anteriormente aprobadas. “Es cierto que la ley de la selva, o del sálvese quien pueda, choca con el espíritu de otras normas como por ejemplo la que impide orinar en la calle o pegar a los niños”, admite José Bono. “Finalmente, se ha decidido que en la nueva legislación tenga preponderancia lo que a cada uno le salga de dentro a cada momento porque, al fin y al cabo, es por donde los ciudadanos de este país acabamos tirando tarde o temprano”, argumenta el portavoz del Congreso. ELMUNDOTODAY.COM
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