EUROPA PRESS - El Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid) ha reconocido, a través de un comunicado oficial distribuido entre los vecinos de la localidad, la existencia de una factura por valor de 6.000 euros correspondiente a una línea de teléfono móvil contratada por el consistorio. Desde el gobierno municipal, formado por concejales del Partido Popular y dos concejales expulsados del PSOE y declarados tránsfugas por la comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo, se desconoce quién es el usuario de este teléfono, pero sí se detalla que los 6.000 euros se deben a un "uso abusivo e indecente" para conectarse a "páginas web pornográficas, llamadas a teléfonos pornográficos y otros usos".
Desde el equipo de gobierno de Villalbilla se escudan en que este teléfono móvil fue contratado en 2006 por un concejal de la Plataforma Municipal Independiente (PIM), entonces el gobierno y ahora en la oposición, a pesar de que la factura que asciende a 6.112,24 euros corresponde al año 2010.
En el comunicado distribuido por el ayuntamiento asegura que ya se ha procedido a dar de baja la línea telefónica que hizo estas llamadas y reclaman que si el concejal de la PIM que contrató la línea en 2006 "no ha sido el usuario del teléfono, le corresponde a él la carga de la prueba de identificar la persona a quien hizo entrega del teléfono ".
Y es que desde el consistorio admiten en el comunicado que no saben quién es "el personaje que ha hecho un uso indebido" de la línea telefónica que paga el ayuntamiento, y el equipo de gobierno anuncia que ya ha denunciado ante el juzgado la facturación abusiva "con el fin de que se averigüe quién es el personaje" responsable de las llamadas a través del "teléfono caliente", como se describe incluso en el comunicado municipal, "y que responda penalmente y civilmente".
Desde el equipo de gobierno de Villalbilla se escudan en que este teléfono móvil fue contratado en 2006 por un concejal de la Plataforma Municipal Independiente (PIM), entonces el gobierno y ahora en la oposición, a pesar de que la factura que asciende a 6.112,24 euros corresponde al año 2010.
En el comunicado distribuido por el ayuntamiento asegura que ya se ha procedido a dar de baja la línea telefónica que hizo estas llamadas y reclaman que si el concejal de la PIM que contrató la línea en 2006 "no ha sido el usuario del teléfono, le corresponde a él la carga de la prueba de identificar la persona a quien hizo entrega del teléfono ".
Y es que desde el consistorio admiten en el comunicado que no saben quién es "el personaje que ha hecho un uso indebido" de la línea telefónica que paga el ayuntamiento, y el equipo de gobierno anuncia que ya ha denunciado ante el juzgado la facturación abusiva "con el fin de que se averigüe quién es el personaje" responsable de las llamadas a través del "teléfono caliente", como se describe incluso en el comunicado municipal, "y que responda penalmente y civilmente".
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