El fiscal general del Estado afronta un futuro incierto tras su citación como imputado en el Tribunal Supremo. Los argumentos del instructor evidencian unos meses muy complicados para Álvaro García Ortiz y su entorno más cercano ante la consolidación de los indicios en su contra por la filtración de un correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El propio fiscal general ha negado en público y en privado que vaya a dar un paso al lado y se ha escudado siempre en que actuó para desmentir un bulo que afectaba a la imagen de la institución que dirige. En ese sentido, su permanencia al frente de la misma estaba garantizada, pese a las continuas peticiones de cese por parte de la carrera judicial y fiscal.

Sin embargo, la imputación del fiscal general no se encuentra entre las causas tasadas para su dejación de funciones. El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es claro al respecto: el máximo representante del ente "únicamente" podrá cesar en cinco supuestos: a petición propia, por incurrir en incompatibilidades recogidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave de sus funciones y cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

Causas de cese del fiscal general - Tampoco el Reglamento del Ministerio Fiscal arroja luz al respecto. El artículo 145 determina que el fiscal general puede suspender cautelarmente a cualquier miembro de la carrera contra el que se siga un procedimiento penal. No obstante, su suspensión se acordará "en todo caso" cuando se dicte auto de apertura de juicio oral contra él. En ese sentido, fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN matizan que García Ortiz podría ser una excepción puesto que, por su condición de fiscal general del Estado, no se le considera como un miembro más de la institución.

Dichas fuentes precisan que esta falta de concreción llevó a la asociación Profesional de Fiscales (APIF) a pedir que se tasara como causa de cese la implicación del fiscal general en un procedimiento en curso; petición que no tuvo lugar. Sin embargo, no se ejecutó cambio legal alguno. Ello, unido a que es la primera vez en democracia que se investiga a un fiscal general del Estado, hace que surjan dudas en cuanto a su posible cese. En cualquier caso, sí tendrían que ser suspendidos cautelarmente su mano derecha en la Fiscalía, Diego Villafañe, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.

Las implicaciones para el Gobierno de la imputación del fiscal son directas y está por dilucidar hasta qué punto pueden llegar a serlo a medida que avance la investigación. Al nivel discursivo, el presidente del Gobierno ha ligado su destino al de García Ortiz, mostrando en reiteradas ocasiones la "absoluta confianza" en «su fiscal» general del Estado, exigiendo incluso que le pidan disculpas aquellos que demandaron su dimisión.

Una hipótesis, la de su marcha, que no se baraja ni como mera opción. "La posición no ha cambiado. Absoluta confianza", confirman fuentes gubernamentales ante el salto cualitativo que da ahora el procedimiento. "Que vaya a declarar", resuelve un ministro en conversación con este diario, que lamenta que las actuaciones judiciales sigan marcando la agenda política.

"Ya nada nos extraña", tercia otro que apunta que critica que «se está persiguiendo a quien persigue el delito» y no a quien lo comete. En todo caso, la sensación en Moncloa es de tremenda frustración porque, una vez, más el devenir judicial sigue invisibilizando su acción de gobierno. Más allá de esta actitud a la defensiva que exhiben fuentes gubernamentales, en privado, fuentes socialistas reconocen cierta preocupación por la vertiente de la investigación que ya apunta directamente a la Moncloa. "No hay una sola buena noticia», lamenta un dirigente de peso, que teme que acabe «implicado algún ministro".

En concreto, el instructor señala en el auto que el correo en que el abogado del novio de Ayuso plantea una conformidad "circuló" de Fiscalía General a Presidencia del Gobierno antes de su publicación en "El Plural". Fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN temen que parte de la investigación –la que a día de hoy está decretada secreta– pueda acabar apuntando al Gobierno y, más allá, que pueda llegar a haber ministros implicados.

En el desarrollo del procedimiento creen que se podría llegar incluso a llamar a declarar al hoy titular para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cuya jefa de Gabinete intercambió los mensajes de WhatsApp de los que Juan Lobato dio fe ante notario antes acabar fulminado políticamente.