El Ministerio del Interior deberá indemnizar con 1.617 euros al hombre que orinó frente a la comisaría de Policía de la calle Leganitos de Madrid hace casi cinco años. Así lo ha dictaminado la Sección 17ª de la Audiencia Provincial, que condena al departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz como responsable civil subsidiario de los hechos que protagonizó el agente de Policía S. B. H., quien golpeó al ciudadano mientras este miccionaba a las 6.30 horas de la noche del sábado al domingo del 10 de julio de 2010.
El tribunal ha ordenado al funcionario a pagar una multa de 500 euros, además de la mencionada indemnización de la que se hace cargo el Ministerio, a abonar las costas del proceso y a realizar una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad. El acusado se libra por lo tanto del año de cárcel que solicitaba el Ministerio Público, que consideraba que los sucesos eran constitutivos de un delito de lesiones. La Sección 17ª entiende, sin embargo, que los hechos son solo una falta de lesiones agravada por el abuso de autoridad.
El denunciante, que aquella noche acudía junto a otros amigos a la comisaría a denunciar la pérdida del carné de identidad de uno de ellos tras varias horas de fiesta, decidió esperar en la puerta para descargar su vejiga junto a un vehículo policial. El agente que vigilaba la entrada de la comisaría –S. B. H.– le observó y no dudó en intervenir.
Cuando el chico aún estaba en plena faena mirando hacia la pared, el funcionario sacó la porra y le golpeó cuatro veces en la parte posterior de las piernas. Las rodillas de la víctima se doblaron hacia adelante y el cuerpo giró, lo que provocó que el siguiente porrazo alcanzara la mano del chaval. Tras la paliza, el agente agarró al joven y lo metió en la comisaría para denunciarlo ante la Policía Municipal por incumplir las ordenanzas.
La intención del agente 'era adecuada', dice la Audiencia, pero 'para dicha actuación no era preciso golpear' al infractor 'sorpresivamente y por la espalda'
El agredido, por su parte, interpuso la correspondiente denuncia contra el agente que ha derivado en la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial, que tacha la actuación del funcionario de “falta de lógica policial”. Supone “un abuso de superioridad que debe ser objeto de reproche penal”, señala la resolución judicial.
La intención del agente de impedir que el chico orinara en la calle “era debida y adecuada”, explica la Audiencia, que argumenta que se trata de un comportamiento “insalubre” que debía ser impedido y denunciado por el policía. Sin embargo, continúa el fallo, “para dicha actuación no era preciso golpear” al infractor “sorpresivamente y por la espalda”. “Entendemos que no estaba dentro del ejercicio de sus funciones o deberes”, añade la sentencia. “No era mínimamente necesario”, subraya la Sección 17ª.
El funcionario, por su parte, declaró en sede judicial que, antes de golpearle, advirtió al joven de que ahí no se podía miccionar, amonestación a la que el chaval hizo caso omiso. De hecho, según el agente, el chico se dio la vuelta y a punto estuvo de alcanzarle con la orina. Luego, continuó el relato el policía, el joven se lanzó hacia el funcionario y tuvo que esquivarle con la porra, porque estaba “muy alterado”.
Sin embargo, el tribunal no dio por bueno el testimonio del agente. “No apreciamos que existiera un abalanzamiento contra el funcionario”, señala el fallo, que califica de “gratuitos” los golpes dados “sin previo aviso”. ELCONFIDENCIAL.COM
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Francesc Puigcarbó

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